Madrid, 28 de agosto de 2020. El cierre de los centros educativos fue la primera medida que se adoptó en este para luchar contra la COVID-19 y seis meses después, a unos días del comienzo del curso escolar, sigue habiendo mucha incertidumbre y faltando mucha información para toda la comunidad educativa.
La educación debe ser ahora, más que nunca, una de las máximas prioridades de todas las Administraciones Públicas de este país que deberían garantizar el bienestar emocional y el aprendizaje de los niños y niñas sin dejar a nadie atrás, asegurando que la vuelta a los colegios se produzca de la forma más segura posible. No podemos olvidar que antes de la crisis de la COVID-19, España ya era el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar temprano (17,3%) y esta crisis podría tener un impacto devastador y aumentar aún más esta tasa generando mayor desigualdad
En este sentido valoramos positivamente que en la Conferencia Sectorial de Educación y Sanidad celebrada ayer, el Gobierno haya adoptado, junto con las Comunidades Autónomas, una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2020-2021. Entre estas medidas destacamos la previsión de un protocolo de gestión de casos y actuaciones ante brotes, la apuesta por la actividad lectiva presencial, el mantenimiento del servicio de comedor, el apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables y el establecimiento de grupos de convivencia estables para que los niños y niñas de menor edad puedan socializar y jugar entre sí.
Sin embargo, consideramos que sería necesaria una mayor definición sobre los 2.000 millones de euros que se han puesto a disposición de las CCAA. Por otro lado, además de las medidas adoptadas, centradas en la higiene y prevención, como la distancia social o el uso de mascarillas, es necesaria una apuesta decidida por incrementar recursos humanos, instalaciones, e inversión a la altura de la situación.
Además, es necesario tener especialmente en cuenta las necesidades de los niños y niñas que se encuentran en situaciones más desfavorecidas desde el punto de vista social y económico, ya que serán los más afectados por la interrupción y los eventuales cierres de las escuelas, enfrentándose a mayores dificultades para poder acceder a sus derechos. Para muchos niños y niñas la escuela no solo es educación, también es protección frente a la violencia, les garantiza una comida saludable al día y la socialización que requieren en un ambiente saludable. Por ello, habría que prever medidas específicas en la planificación, en la asignación de recursos, tanto para actividades de refuerzo como para garantizar su pleno acceso a la educación online, así como en el desarrollo y puesta en práctica de las medidas por parte de los centros educativos. En este sentido, consideramos que sería imprescindible priorizar la presencialidad de los niños y niñas más vulnerables de todas las edades, no solo de las primeras etapas, para garantizar sus derechos.
Por otro lado es necesario que el Gobierno dé una respuesta integral a las familias, coordinando las medidas que se adopten en el ámbito educativo con las correspondientes medidas de conciliaciónque posibiliten el cuidado y la atención de los niños y niñas en el entorno familiar cuando sea necesario.
Por otro lado es necesario que el Gobierno dé una respuesta integral a las familias, coordinando las medidas que se adopten en el ámbito educativo con las correspondientes medidas de conciliación que posibiliten el cuidado y la atención de los niños y niñas en el entorno familiar cuando sea necesario, especialmente en los casos de las familias más vulnerables como las monomarentales y monoparentales. Las medidas adoptadas hasta ahora, a través del plan ME CUIDA, son insuficientes y además, en caso de no ser prorrogadas, dejarían de tener vigencia el 21 de septiembre. Son necesarios permisos retribuidos que favorezcan la reducción de jornada o que permitan a las familias quedarse con sus hijos e hijas ante cuarentenas, cierre de los colegios o síntomas compatibles con la enfermedad. Además, es necesario garantizar que el personal laboral con niños y niñas a su cargo puede acogerse al teletrabajo, salvo en el caso de que no sea viable para la actividad de la empresa, así como la flexibilidad horaria y la adaptación de la jornada de los y las trabajadoras con niños y niñas a cargo mientras los centros educativos no estén funcionando de manera presencial con total normalidad.
Por último, la Plataforma de Infancia considera imprescindible abordar estas políticas y planes con toda la comunidad educativa, garantizando que se escucha a los propios niños y niñas.