Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Infancia, expresó su satisfacción por la constitución de la Comisión sobre Derechos de Infancia y Adolescencia y por su condición de Permanente, aseverando que “la infancia y sus problemas están siendo cada vez más visibles en el discurso político y en los medios de comunicación”. No obstante, Lacuesta lamentó que “esta realidad ha ido cambiando más motivada por el empeoramiento de las condiciones de vida de los que se han convertido en la población más vulnerable de España: los niños y las niñas, y no tanto por la existencia de una mayor sensibilidad respecto a sus propios problemas”.

Los grupos políticos hacen mención cada vez más a estos problemas y empiezan a articular más propuestas para revertir la situación. En la sociedad, empieza a no cuestionarse esta realidad, a tener más la conciencia de que el bienestar de la infancia no recae únicamente en la responsabilidad de los progenitores; sino que el Estado debe ser el garante del cumplimiento de sus derechos y, por tanto, de su protección.

Por ello, destaca Lacuesta, “en la Plataforma de Infancia vemos urgente pasar de las palabras a los hechos y situar a los niños y niñas en el centro de las políticas. El mejor comienzo es garantizar que los más de 8 millones de menores de edad que viven en España estén presentes en las leyes, en los programas, en los planes y en los presupuestos, teniéndolos en cuenta y haciendo efectivo el principio del interés superior” contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, (instrumento internacional de derechos humanos más ratificados en el mundo, en su día, también por España).

Para la Plataforma de Infancia y las 60 entidades que la integran (entre ellas, la FYME), la creación de la Comisión de los Derechos de Infancia y Adolescencia en el seno del Congreso de los Diputados supone una demanda histórica que se viene solicitando desde hace ya varios años.

Lacuesta ha pedido a los diputados y las diputadas, como presidente de la Plataforma de Infancia y en nombre de las 60 entidades sociales representadas, que “en el marco de esta Comisión sea posible trabajar para mejorar la legislación que afecta a la infancia, las políticas que realice el ejecutivo y el diálogo con las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer lo posible para trabajar con los distintos grupos parlamentarios para conseguir que el trabajo en la Comisión sea lo más productivo y efectivo posible para garantizar el cumplimiento de la aplicación de los derechos de los niños y niñas en España“.